Somos Un Pueblo Unido Protecting Immigrants' Rights in New Mexico

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El 12 de agosto del 2005, el Gobernador Bill Richardson emitió un mandato ejecutivo declarando la región fronteriza una zona de emergencia y de esta manera disponer de 1.75 millones de dólares para que las autoridades policíacas “combatan la problemática de seguridad en la frontera” y también para que el Departamento de Seguridad Nacional de Nuevo México construya barreras en ciertas áreas de la frontera.

Somos Un Pueblo Unido, una organización que vela por los derechos de los inmigrantes con base en Santa Fe, emitió un comun icado el 23 de agosto del 2005 dando a conocer su preocupación sobre las posibles consecuencias que esta declaración podría traer a la comunidad inmigrante en Nuevo México, así como también haciendo hincapié en la necesidad de una reforma migratoria y políticas más humanas en la frontera.

Al declarar la región fronteriza una zona de emergencia, el Gobernador Bill Richardson ha creado un foro que le facilita hablar públicamente sobre la necesidad de una reforma migratoria y del esfuerzo en Nuevo México para integrar a la comunidad inmigrante. Desafortunadamente, esta declaración también crea división en las comunidades de la frontera y alrededor del estado, fomenta estereotipos negativos de los mexicanos y méxico-americanos y criminaliza a inmigrantes que instigados por la desesperación, arriesgan sus vidas para buscar mejores oportunidades para ellos y sus familias, además de no ayudar en lo absoluto para que nuestro estado sea más seguro. Mientras que los grupos de vigilantes amenazan con organizar y reclutar en Nuevo México, nuestro estado no se puede dar el lujo de mandar esta clase de mensaje en el área fronteriza.

Particularmente estamos preocupados de que esta declaración mande un mensaje erróneo y peligroso a las autoridades locales y que estos oficiales comiencen a implementar las leyes federales de inmigración. Sabemos que legalmente la implementación de leyes de inmigración no solo esta fuera de su rango de autoridad, sino que el hacerlo podría traer consecuencias adversas en la seguridad pública para todos los residentes de Nuevo México. Si las familias inmigrantes temen que la policía este colaborando con agencias de inmigración es menos probable que reporten crímenes en sus vecindades, participen como testigos en la corte o colaboren en esfuerzos de vigilancia en sus comunidades.

En los últimos diez años hemos visto como el aumento de militarización en la frontera del suroeste no ha conseguido incrementar la seguridad en nuestras comunidades ni ha parado la ola de inmigración indocumentada. Lo que sí ha creado es miedo y desconfianza en la comunidad inmigrante, un incremento de muertes en la frontera así como también de actividad criminal en áreas menos traficadas como en Nuevo México.

En lugar de intensificar la retórica xenofóbica que prevalece en el clima político actual, nuestros funcionarios electos deberían de entablar un debate honesto sobre la necesidad de una reforma migratoria, políticas en la frontera que se adhieran a leyes de derechos humanos internacionales, así como el respeto a los derechos civiles del todas las personas. No esperamos nada menos de nuestro gobernador y continuaremos trabajando con aliados a través del estado para hacer esto una realidad.